Los accidentes de tránsito no solo generan consecuencias devastadoras a nivel personal y familiar, sino que también representan un problema de alto impacto económico y social. Según el director ejecutivo del Hospital Escuela “General San Martín” de Corrientes, el doctor José Alberto Romero, cada persona accidentada supone un costo promedio que supera el millón de pesos para el sistema de salud. Esto se suma al agravamiento de la infraestructura hospitalaria, que frecuentemente trabaja al límite de su capacidad debido a la creciente cantidad de pacientes por siniestros viales.
La otra pandemia: siniestros viales y su impacto en el sistema de salud
Los números son alarmantes. Desde enero a septiembre de 2024, el Hospital Escuela de Corrientes, principal centro de atención de politraumatismos en la provincia, atendió a 2.185 pacientes accidentados, quienes ocuparon el 50% de las camas disponibles y representaron un cuarto de las cirugías realizadas. Además, el 50% de estos pacientes requirieron implantes costosos, como clavos endomedulares y tutores externos, cuyos valores oscilan entre 1.000.000 y 2.000.000 de pesos cada uno.
El impacto económico para el sistema de salud es notable. Mientras un paciente clínico, por ejemplo, con neumonía, genera un costo promedio de $160.000 diarios en sala general, un paciente politraumatizado por accidente de tránsito puede duplicar o triplicar esos valores debido a la necesidad de intervenciones quirúrgicas complejas y tratamientos prolongados.
Además de los costos económicos directos, los siniestros viales generan un impacto emocional irreparable para las familias, una pérdida significativa de productividad económica y un aumento en las solicitudes de pensiones por invalidez. Estas estadísticas subrayan la urgencia de abordar la problemática desde múltiples frentes: la legislación, la concientización y la infraestructura vial.
Una mirada global: seguridad vial y movilidad sostenible como metas de la agenda mundial
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año más de 1.3 millones de personas pierden la vida en accidentes de tránsito en todo el mundo, mientras que entre 20 y 50 millones sufren lesiones graves que muchas veces resultan en discapacidades permanentes. En este contexto, la seguridad vial se posiciona como una prioridad en la agenda mundial, especialmente en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
El ODS 3 (Salud y Bienestar) establece como meta reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tránsito para 2030. Por su parte, el ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) busca mejorar la seguridad de los sistemas de transporte, especialmente para los usuarios más vulnerables como peatones, ciclistas y motociclistas.
Movilidad sostenible como solución estratégica
Un enfoque clave para reducir la siniestralidad vial es fomentar la movilidad sostenible. Esto implica promover el uso de transporte público, infraestructura adecuada para bicicletas y peatones, y vehículos más seguros y ecológicos. Diversos países han implementado medidas como carriles exclusivos para bicicletas, zonas de velocidad reducida en áreas urbanas y campañas masivas de educación vial con resultados positivos en la reducción de accidentes.
En el ámbito local, iniciativas como la construcción de ciclovías, mejoras en la señalización vial y controles más estrictos de tránsito pueden contribuir significativamente a la disminución de la siniestralidad. Sin embargo, es fundamental que estas acciones sean acompañadas por políticas públicas integrales que prioricen la prevención y la educación vial desde edades tempranas.
La importancia de leyes de tránsito más estrictas
Los expertos coinciden en que una de las formas más efectivas de reducir los accidentes de tránsito es implementar y hacer cumplir leyes de tránsito más estrictas. Esto incluye sanciones más severas para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol o drogas, límites de velocidad más rigurosos y el uso obligatorio de cascos, cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil.
En países que han adoptado este tipo de medidas, como Suecia y los Países Bajos, la tasa de siniestralidad vial se ha reducido significativamente. Suecia, por ejemplo, ha implementado el enfoque de “Visión Cero”, que busca eliminar las muertes y lesiones graves en el tránsito a través de una combinación de infraestructura segura, leyes estrictas y educación vial. Este modelo puede servir de inspiración para países como Argentina, donde los índices de accidentes viales aún son alarmantemente altos.
Un compromiso conjunto: gobierno, sociedad y sector privado
Para enfrentar esta crisis, es imprescindible que los distintos sectores de la sociedad trabajen en conjunto. Desde el gobierno, se deben implementar políticas públicas orientadas a la prevención y la educación vial, mientras que el sector privado puede contribuir mediante campañas de concientización y el desarrollo de tecnologías más seguras para los vehículos. Por su parte, la ciudadanía tiene la responsabilidad de adoptar comportamientos responsables en las vías.
La seguridad vial no es solo un tema de tránsito, sino una cuestión de salud pública, desarrollo económico y bienestar social. Reducir la siniestralidad vial es una tarea que nos involucra a todos, y es fundamental que abordemos esta problemática con la urgencia y la seriedad que requiere. Solo así podremos construir ciudades más seguras y sostenibles para las generaciones futuras.
Hace unos días solamente se conmemoró el día mundial de las víctimas de accidentes de tránsito (17 de noviembre) que nos deja en la memoria a todas personas que sufrieron en flagelo que representa un siniestro vial. Está temática como sociedad nos convoca a conjunto de actores que intervienen y a poner de cada uno de nosotros lo que hace falta para lograr un sistema de convivencia vial que logre por fin al menos la reducción de estás alarmantes cifras.