El gobierno de Javier Milei enfrenta su primer gran escándalo de corrupción, con acusaciones directas que apuntan a Eduardo «Lule» Menem
Audios explosivos y denuncias de «coimas»
El epicentro de la controversia es una serie de audios de Diego Spagnuolo, exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los que se detallan supuestos pedidos de «coimas» (pagos ilegales) en el manejo de compras de medicamentos. En las grabaciones, se menciona a la droguería Suizo Argentina S.A., vinculando la operación a un sistema de corrupción.
Paralelamente, Samuel Doichele, dirigente de LLA en Misiones, denunció públicamente que «Lule» Menem le exigió el 10% de los sueldos de los empleados de PAMI y ANSES, una práctica que, según Doichele, Menem justificó con la frase: «cobrar coimas es normal, no es delito porque lo hacen todos».
La respuesta de la familia Menem y la reacción del Gobierno
Ante la gravedad de las acusaciones, Lule Menem emitió un comunicado oficial negando cualquier implicación en el caso. Calificó las denuncias como una «burda operación política del kirchnerismo» para desestabilizar al gobierno de Milei. Aseguró que nunca tuvo injerencia en las contrataciones de la ANDIS y que no ha discutido el tema con el Presidente ni con su hermana, Karina Milei.
A pesar del escándalo, el apoyo del círculo íntimo de Milei a Lule Menem ha sido incondicional. El presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, compartieron el comunicado de Menem en sus redes sociales. A ellos se sumó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, primo de Lule, quien también salió en su defensa.
Investigación judicial y la interna en LLA
El caso ya está en manos de la Justicia Federal, con el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi a cargo de la investigación. A la vez que la Justicia avanza, el escándalo ha profundizado las divisiones internas en La Libertad Avanza. Diputados que recientemente se separaron del bloque oficialista han señalado directamente a Lule Menem y a la conducción del partido, lo que evidencia una fractura cada vez más notoria.
La investigación continuará su curso para determinar la veracidad de las acusaciones. Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei se encuentra en una situación delicada, intentando contener un escándalo que no solo cuestiona la ética de sus funcionarios, sino que también amenaza con resquebrajar la frágil cohesión de su espacio político.