El Congreso rechazó el decreto que disolvía la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero la pelea por su futuro está lejos de terminar. Hasta el 2 de septiembre, el Ejecutivo puede avanzar con disponibilidades, reasignaciones y reducción de recursos que podrían dejar al organismo debilitado y con riesgo de paralización operativa.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) atraviesa días decisivos. Aunque el Congreso frenó el intento del Gobierno de disolverla mediante el DNU 461/2025, la disputa está lejos de cerrarse. Hasta el 2 de septiembre, el Ejecutivo mantiene margen para tomar decisiones administrativas que podrían afectar a sus 708 trabajadores, reducir controles en rutas nacionales y desarmar la capacidad operativa del organismo. Sindicatos, bases regionales y especialistas advierten que la maniobra podría derivar en un vaciamiento de hecho, dejando a la seguridad vial del país en una situación crítica.
El 25 de agosto, la Cámara de Diputados y el Senado rechazaron el DNU 461/2025, que establecía la disolución de la ANSV, el traspaso de funciones a la Secretaría de Transporte y la delegación de tareas de fiscalización a la Gendarmería Nacional.
La norma queda sin efecto definitivo a partir del 02/09, según lo establece la Ley 26.122, pero hasta entonces el decreto sigue formalmente vigente. Esta ventana crítica de ocho días habilita al Gobierno a dictar resoluciones internas, notificar disponibilidades, reasignar recursos y modificar la estructura operativa, decisiones que podrían impactar directamente en la seguridad vial y en la continuidad de los puestos de trabajo.
Desde el 02/09, cualquier acto basado en el DNU quedará sin sustento legal y podría ser anulado judicialmente. Sin embargo, los efectos de las decisiones tomadas durante esta semana podrían prolongarse, especialmente si se retiran vehículos, equipos de control, presupuesto o personal de las bases.
El impacto en todo el país
La ANSV, creada por la Ley 26.363, es el organismo nacional encargado de coordinar las políticas de seguridad vial, gestionar licencias, controlar el transporte de cargas y administrar el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito. Además, organiza megaoperativos federales en temporadas turísticas, fines de semana largos y eventos masivos para prevenir accidentes.
La pérdida de recursos y personal afectaría los controles en rutas nacionales estratégicas, incrementando el riesgo de siniestros viales en zonas críticas de todo el país.
La región NEA es una de las más sensibles por su volumen de tránsito internacional y sus altos índices de siniestralidad. Allí, la ANSV mantiene tres bases operativas clave: Santo Tomé sobre la Ruta Nacional 14, Corrientes Capital en la Ruta Nacional 12 y Barranqueras en la Ruta Nacional 16.
Estas bases coordinan controles con fuerzas federales y provinciales, realizan operativos de alcoholemia, control de cargas peligrosas, cinemometría y documentación obligatoria. Los trabajadores advierten que una reducción de recursos en estas zonas podría dejar corredores internacionales sin fiscalización, aumentando los riesgos de accidentes graves.
Lo que viene
A partir del 02/09, el Ejecutivo no podrá disolver la ANSV ni reasignar sus funciones por decreto. Sin embargo, lo que suceda en estos días definirá la capacidad real del organismo para seguir cumpliendo sus tareas. Sindicatos, especialistas y autoridades provinciales ya preparan acciones judiciales y medidas cautelares para frenar cualquier intento de vaciamiento y proteger tanto la operatividad como los puestos de trabajo.
El rechazo del DNU 461/2025 representa un límite político al avance del Ejecutivo, pero la batalla por la seguridad vial en Argentina recién empieza. Las próximas horas serán decisivas para definir si la ANSV mantiene su estructura, recursos y funciones, o si enfrenta un debilitamiento que podría comprometer el control de las rutas nacionales y la protección de millones de conductores en todo el país.
