En el marco de un plan integral de optimización del sector público, el Gobierno Nacional comenzará la próxima semana un proceso de evaluación para unos 40.000 empleados públicos. Este examen de “idoneidad” está diseñado para garantizar mayor eficiencia en el Estado y es obligatorio para contratados, monotributistas y personal de planta transitoria cuyos contratos vencen a fin de año.
Según fuentes oficiales, “el examen no busca ser un filtro, sino un requisito” dentro de un esquema más amplio que busca modernizar y reestructurar la administración pública.
¿Quiénes deben rendir?
El proceso abarcará a:
• Contratados: Personal con contratos a término.
• Monotributistas: Trabajadores que facturan servicios al Estado.
• Planta transitoria: Aquellos que no tienen estabilidad laboral permanente.
Esta primera etapa apunta a estos grupos, aunque no se descarta que en el futuro se amplíe a otros sectores del Estado.
¿Cómo serán los exámenes?
El examen está dividido en dos categorías principales:
1. Administrativos: Se evaluará comprensión lectora y razonamiento lógico-matemático.
2. Profesionales: Incluye además conocimientos específicos sobre la administración pública, la Constitución Nacional y normativas relacionadas con la gestión estatal.
Los empleados deberán registrarse en una página web habilitada especialmente para el proceso y solicitar un turno. Los exámenes se rendirán en establecimientos equipados con computadoras, tendrán una duración de una hora y estarán compuestos por 20 a 24 preguntas.
Al finalizar, cada trabajador obtendrá su calificación y un certificado indicando si aprobó o no. Las calificaciones serán confidenciales y no se utilizarán para elaborar rankings, aseguraron desde el Gobierno.
¿Qué sucede si no se aprueba?
Los empleados tendrán hasta tres oportunidades para aprobar el examen. Si no logran el puntaje requerido en el primer intento, los contratos podrían extenderse temporalmente para dar lugar a nuevas evaluaciones.
El contexto: un Estado más eficiente
Esta medida se enmarca dentro de un plan más amplio de reestructuración estatal. Desde diciembre del año pasado, el Gobierno ha reducido la cantidad de ministerios, eliminado más de 250 áreas y recortado unos 30.000 empleados públicos.
El objetivo, según destacaron las autoridades, es lograr “un Estado más eficiente, con empleados capacitados que cumplan con el rol de servidores públicos”.
Aunque el examen de idoneidad ha generado expectativas y algunas preocupaciones entre los trabajadores, el Gobierno insiste en que la medida no tiene fines punitivos, sino que busca elevar los estándares de desempeño y optimizar los recursos del sector público.
Este proceso marcará un antes y un después en la administración pública y podría sentar las bases para futuras evaluaciones periódicas.