Este miércoles se llevará a cabo una audiencia de conciliación convocada por el juez Julián Flores, del Juzgado Civil y Comercial N°21, para tratar el conflicto generado por el último aumento del boleto de colectivos en el área metropolitana del Gran Resistencia. La audiencia reúne al defensor del Pueblo, Bernardo Voloj, y representantes del gobierno provincial con el objetivo de aportar información y explorar alternativas para alcanzar una solución.
El conflicto
El aumento del boleto, implementado tras las audiencias públicas de septiembre, llevó la tarifa de $710 a $1150, lo que representa un incremento del 61%. Sin embargo, el defensor del Pueblo impugnó este proceso mediante una acción de amparo. La medida cautelar dictada por el juez Flores suspendió el aumento y ordenó retrotraer la tarifa al precio anterior hasta que se resuelva el caso.
La audiencia también incluirá inquietudes y propuestas aportadas por la sociedad civil, que tuvo la oportunidad de presentar información al juzgado desde principios de mes.
Postura del defensor del Pueblo
El defensor del Pueblo calificó la audiencia como un paso clave para acercar posiciones. “Es importante porque la Justicia permite que todos los actores se sienten a dialogar en un espacio formal, dejando de lado las chicanas y buscando soluciones responsables”, expresó.
Voloj destacó que, durante todo el 2024, se realizaron advertencias y recomendaciones sobre cómo mejorar los procedimientos para determinar los aumentos, pero estas no fueron atendidas.
“No se pueden establecer tarifas razonables con incrementos tan abruptos, de más del 1000% anual. Además, no es viable justificar el aumento solo porque en otras provincias como Corrientes el precio del pasaje es mayor. Cada jurisdicción tiene sus particularidades económicas y sociales”, sostuvo.
Expectativas para la audiencia
De cara al encuentro, Voloj manifestó tener buenas expectativas. “Esperamos que sea un espacio para construir consensos y avanzar hacia una solución equilibrada que contemple tanto las necesidades del sistema de transporte como la realidad económica de los usuarios”.
La resolución de este conflicto será clave para definir el futuro del transporte público en la región y establecer precedentes sobre cómo se manejan las tarifas en un contexto económico complejo.