La minera Barrick Gold se encuentra en el centro de la polémica tras aprovechar un vacío legal que le permite eludir el pago de retenciones por la exportación de oro. Desde enero de este año, la empresa dejó de abonar los derechos de exportación debido al vencimiento del marco regulatorio que definía las alícuotas. Esta omisión, derivada de la falta de actualización por parte del gobierno, ha generado críticas hacia la administración actual por su limitada capacidad de control.
El origen del vacío legal
El marco regulatorio vigente establece los topes de derechos de exportación en la Ley de Minería, pero las alícuotas específicas son reguladas por decreto. El último decreto expiró el 31 de diciembre de 2023, dejando sin efecto las retenciones sobre el oro y otros minerales. Pese a esto, las exportaciones de Barrick no se vieron interrumpidas.
El vacío legal tiene como telón de fondo el accionar de Sergio Arbeleche, asesor legal de Barrick y cercano al Ministerio de Economía. Arbeleche, con vínculos en el estudio Bruchou y Funes de Rioja, ha jugado un papel clave en el diseño de normativas que benefician a la industria minera. Aunque no logró acceder a la Secretaría de Minería, sigue siendo una figura influyente en las decisiones del sector, según fuentes del Palacio de Hacienda.
Antecedentes: idas y vueltas en las retenciones
En 2016, el gobierno de Mauricio Macri eliminó las retenciones a las exportaciones mineras, pero las reinstauró en 2018 debido a la crisis económica, fijándolas en un 12%. Alberto Fernández redujo las alícuotas al 8% para oro y plata, estableciendo un máximo del 4,5% para otros minerales. Sin embargo, la falta de actualización posterior al vencimiento del decreto dejó al sector sin regulaciones específicas desde el inicio de este año.
El impacto en San Juan y el rol de Barrick
En abril, Barrick anunció una extensión de 10 años en la vida útil de la mina Veladero, en la provincia de San Juan, hasta 2031. Según Marcelo Álvarez, director corporativo de Barrick Sudamérica, la decisión fue posible gracias al “rumbro macroeconómico favorable” y las medidas del gobierno.
Falta de controles y presunta evasión impositiva
La AFIP reabrió en 2023 una causa contra Barrick por presunta evasión fiscal, acusándola de simular pasivos para reducir sus contribuciones tributarias. A esto se suma la denuncia de fuentes del sector sobre la escasa fiscalización por parte del gobierno, que permite maniobras como la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones.
“La falta de controles genera un terreno fértil para irregularidades. Nadie verifica el pesaje de lo exportado ni de lo importado; todo se informa mediante declaración jurada”, señaló una fuente.
Este contexto de desregulación y vacíos legales pone en evidencia las tensiones entre las políticas económicas del gobierno y las prácticas empresariales de grandes corporaciones como Barrick, en un país donde la minería sigue siendo un sector estratégico, pero también altamente cuestionado.